En la reunión de Implementación del Programa de Acción de El Cairo (CIPD), a 15 Años de su Aprobación organizado por CEPAL y UNFPA en Santiago de Chile el 8 y 9 de octubre, donde tuve el privilegio de asistir, se debatieron los alcances, logros y estrategias para cumplir los compromisos internacionales. Los gobiernos de República Dominicana han firmado todos estos acuerdos, es la moda, no se pierden un encuentro internacional, sin importar su ejecución.
Para lograr los objetivos de la CIPD, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en 1995 en Beijing y Los Objetivos de Desarrollo del Milenio es imperativo asegurar el acceso de las mujeres latinoamericanas a los servicios de aborto seguro. El aborto inseguro ocasiona cerca del 13 por ciento de las muertes maternas y la proporción es mucho más alta en países en desarrollo (OMS 2007). Sin embargo el aborto inseguro es una de las causas de mortalidad materna más fáciles de tratar. Todo lo que falta es voluntad política para hacerlo. En Latinoamérica y el Caribe ocurren 3.9 millones da abortos inseguros cada año. (OMS 2007)
Los logros aparecen en el acceso a métodos anticonceptivos en mujeres con parejas estables, aún así, dista de la meta, sino como explicar las inaceptables cifras de embarazos no deseados y abortos inseguros. Desde el área de la ciencia, la Federación Internacional y la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología han emitido guías clínicas y éticas respecto al aborto. También la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y El Centro Latinoamericano de Perinatologia incluyen al aborto seguro en el sistema de registros clínicos perinatales, que se utilizan en toda la región de América Latina. En el área de reforma jurídica los avances se presentan en diferentes escalas en D.F. México, Colombia, Guyana y Santa Lucía.
Los pasos cruciales para impedir que las niñas y mujeres continúen muriendo a consecuencia del aborto inseguro van desde cambiar las condiciones que propician un embarazo no deseado, mediante un mejor acceso a la información y los servicios de planificación familiar con anticonceptivos modernos, incluida la píldora de emergencia, hasta garantizar la interrupción del embarazo legal, segura, voluntaria y a precios asequibles, además de atención postaborto. Esto como una política de Estado acorde con los compromisos internacionales adquiridos. El aborto inseguro perpetua la pobreza y mala salud de las mujeres. Toda esta información es documento de política internacional, que se queda por los aires, sin borronear migajas de derechos humanos a las mujeres dominicanas.
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