El gobierno de España ha prohibido las concentraciones frente a los centros abortistas. En la Madre Tierra el aborto es legal, se practica bajo condiciones sanitarias, por manos calificadas, y el Estado es responsable de la vida de sus ciudadanas.
Los grupos que atentan contra los derechos de la mujer pretendían realizar una concentración simultánea en 24 ciudades españolas, con el lema “Cada vida importa”.
A pesar de todas las manifestaciones de fanáticos religiosos para impedir a las mujeres decidir con su propio cuerpo, el gobierno español ha denegado, con una contundencia insólita, la concentración.
Mientras en nuestro país las y los asambleístas deciden fingir demencia ante las denuncias de los grupos científicos, léase Universidad Autónoma de Santo Domingo, Colegio Médico Dominicano, Academia de Ciencias, Academia de Medicina y Sociedad de Obstetricia y Ginecología. Prefieren simular sordera ante las demandas de las agrupaciones de mujeres.
Optan por aliarse a los grupos más retrógrados, al conservadurismo rancio de doble moral, aquellos que justifican la matanza de los jóvenes presumidos delincuentes. Un grupo de privilegiados que se oponen a la educación sexual, a los métodos anticonceptivos, a la prevención del Sida con campañas del uso de preservativos. Reniegan de los derechos humanos. Estos son los fiscalizadores de la nueva Reforma Constitucional.
La fatídica noche de septiembre, cuando confirmaron en segunda lectura “la vida es inviolable desde el momento de la concepción”, los grupos religiosos utilizaron el recinto del Congreso Nacional para realizar sus ritos religiosos.
Concuerdo con el presidente Leonel Fernández cuando afirmó en la ONU que hemos fracasado en lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio. No sólo por la crisis global, como afirma, sino por políticas clientelistas, ciegas a los derechos sexuales y reproductivos. Aunque decreten estado de emergencia y extiendan el calendario para su conquista, como propuso nuestro Presidente, República Dominicana tendría que reconocer a las mujeres como sujetos de derecho.
Con la nueva Constitución, disminuir la mortalidad materna es una quimera y la equidad de género es y será letra muerta.
Las niñas y mujeres pobres se continuarán muriendo no sólo por ser mujeres, sino por ser pobres.
Vianco me lo decía: “llevarle la contraria a la jerarquía de la iglesia no es buen negocio”.
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